La sociedad española destaca por el incremento en el nivel de vida para buena parte de la población en las últimas décadas. Si bien en los últimos años, debido a crisis como la de 2008 o la propia pandemia, la situación está revirtiéndose poco a poco, todavía hay margen de mejora. España es un país totalmente desarrollado con una economía fuerte, aunque algo inestable en ciertas situaciones, como ya hemos podido comprobar en los últimos años. Los parados de larga duración, la temporalidad del empleo y los sueldos bajos son problemas acuciantes para las clases trabajadoras. Los altos precios de las viviendas y del coste de vida en general están empezando a abrir una brecha bastante importante en el tejido social español. Para muchos, la clase media está empezando a desaparecer. La mayoría acaba cayendo en lo que se conoce como clase baja o trabajadora, mientras que unos pocos acceden a la clase alta. Cada vez son  más las familias en riesgo de exclusión y pobreza, problemas que los gobiernos no parecen saber atajar.

Ante este complicado panorama, especialmente para las mujeres, el mercado laboral se ha convertido en un campo de minas. Un lugar complejos en el que encontrar un buen empleo resulta casi utópico. Tanto es así que muchas mujeres, para sobrevivir y sacar adelante a sus familias, han optado por la opción de prostituirse. Es un trabajo poco vocacional, al que la mayoría accede por pura necesidad, pero es indudable que puede suponer una alternativa en situaciones desesperada. La prostitución está en un vacío legal en España, y eso permite que muchas puedan manejarse dentro de este negocio, siempre al margen de la ley, eso sí. La estigmatización del colectivo es el mayor problema a día de hoy. Las prostitutas siguen siendo consideradas mujeres de mala vida, y se relaciona su trabajo con las drogas, la pobreza y la insalubridad. Mitos, prejuicios que se han enraizado en la sociedad, que siempre ha mirado con malos ojos a aquellas que deciden vender su cuerpo por dinero. Una situación que ha llevado a muchas de estas mujeres a sufrir una gran exclusión social, dificultándoles mucho su vida normal e incluso despojándolas del respeto mínimo que cualquier ser humano merece.

Prostitución en España

Actualmente, España es uno de tantos países que empieza a discutir sobre la idoneidad de la legalización o la abolición de la prostitución. Las leyes nacionales no penan directamente el ofrecer sexo o pagar por él, aunque sí la prostitución de menores o la trata y esclavitud sexual. La situación es por tanto un limbo en el que las prostitutas han aprendido a vivir. Las hay que viven sujetas a los deseos de su proxeneta, pero la mayoría van por libres y han escogido este trabajo por voluntad propia, aunque sea por necesidad. Hay que vivir de algo, y muchas de las mujeres que se emplean como prostitutas son de origen humilde, no tienen formación ni estudios y no pueden acceder a trabajos mejor remunerados. Inmigrantes  ilegales, mujeres pertenecientes a etnias y minorías, etc…

España es uno de los países donde más sexo de pago se consume en el mundo, según datos de  la propia ONU. De hecho, somos líderes destacados en Europa, donde estamos muy por encima del resto de países. Para los hombres españoles, acudir a un burdel o tener una relación casual con una prostituta es algo bastante habitual y hasta normal. Sin embargo, la sociedad sigue teniendo esa visión hipócrita, a través de la cual margina a estas mujeres por su oficio. El ofrecer un servicio sexual es ya una razón de peso para apartarlas de cualquier actividad pública, llamarlas de todo y asegurar que están atentando contra la decencia. Es una situación difícil de revertir, sobre todo cuando está en manos de partidos políticos mayoritariamente conservadores.

Tratamiento legal y político

Y es que la prostitución también se ve afectada por la política, como cualquier otro sector de negocio. Los políticos son los que manejan las leyes, y los jueces los que las ejecutan. Está en manos de las autoridades, por tanto, el legalizar o no este tipo de oficios sexuales. Y actualmente, la idea mayoritaria defiende la abolición frente a la regularización del sector. El PSOE, partido en el Gobierno junto a Unidas Podemos, se ha mostrado firme defensor de acabar con la prostitución al considerarla una forma de sumisión y abuso contra la mujer. El Partido Popular y Vox, por su parte, también parecen plantear esa misma solución, algo lógico conociendo sus bases conservadoras. En cuanto a Unidas Podemos, el debate sobre el tema se sigue dando en su seno, sin que haya una posición clara. El único partido que ha mostrado su deseo de regularizar el sector es Ciudadanos, de perfil neoliberal.

El papel de los trabajadores sociales

Al ser marginadas y vilipendiadas, las trabajadoras sexuales deben aprender a vivir al margen de la ley. Encontrar una casa, un alquiler o poder meter a sus hijos en un colegio resulta toda una odisea para estas mujeres. Evidentemente, deben fingir que se dedican a cualquier otro negocio, porque la sola idea de nombrar la prostitución como fuente de ingresos sería suficiente para eliminarlas de cualquier proceso de selección. La vida de estas mujeres no es sencilla, y por eso se encuentran constantemente en riesgo de exclusión social, tanto ellas como sus vástagos. Los trabajadores sociales son conscientes de esta realidad, y tratan de ayudar a estas mujeres de la mejor forma que pueden.

Al no tener un trabajo reglado, estas mujeres no pueden darse de baja, no tienen paro ni jubilación, y en muchos casos deben vivir al día. Pertenecen a uno de los eslabones más débiles de la cadena social, y cuando viene una crisis como la de la pandemia son las primeras en verse afectadas, al no poder trabajar. Los trabajadores sociales acuden a los lugares donde suelen trabajar las prostitutas para conocer su situación y ofrecerles ayuda. Muchos centros y organizaciones están desarrollando programas de integración para estas mujeres en el ámbito social y laboral. Tanto aquellas que quieren dejar su trabajo y aspirar a un empleo mejor, como a aquellas que desean seguir siendo prostitutas, todas merecen mejores oportunidades y una vida digna.

Rompiendo el tabú

Y es que antes que prostitutas, estas mujeres son personas, con sus problemas, con sus necesidades, como cualquiera de nosotros. Para el resto, ser maestro o cocinera no les marca a la hora de mostrarse socialmente. Es solo su trabajo, y muchos también lo detestan, pero lo tienen como una opción para pagar sus facturas. Lo mismo deberíamos pensar en el caso de las profesionales del sexo. El tabú que todavía existe sobre el tema debe romperse poco a poco, para despejar nuestra mente de prejuicios. Las prostitutas deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadores porque ofrecen un servicio a cambio de dinero, como tantos otros. Las prestaciones sociales deben ser legítimas también para este colectivo, que por ahora vive al margen de todo.